CORREO FARMACÉUTICO
Farmacéuticos de al menos seis autonomías estudian plantear recursos contra las normas de sus respectivas administraciones que regulan la relación de las farmacias con las residencias y centros sociosanitarios.
Profesionales farmacéuticos de al menos seis autonomías estudian plantear recursos contra las normas de sus respectivas administraciones que regulan la relación de las farmacias con las residencias y centros sociosanitarios.
Se trata de profesionales de Cataluña, Galicia, Madrid, La Rioja, Extremadura y Comunidad Valenciana que, estimulados por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló el decreto andaluz de prestación a residencias, han recurrido al mismo bufete que impulsó el recurso en Andalucía, Gaona Abogados, para que estudie sus respectivas regulaciones que estiman que implican un excesivo intervencionismo de la Administración en el papel de las farmacias en la atención a los centros.
Este exceso de intervención y la invasión de competencias estatales ha sido el argumento fundamental del TSJA para impugnar la norma andaluza.
Alberto Camas, de Gaona Abogados y uno de los autores del recurso contra la norma andaluza, explica a CF que hay una tendencia a ampliar la participación directa de las administraciones en la prestación farmacéutica a los centros sociosanitarios. Y, añade, como cada vez más acuden a normas con rango de ley es un poco más complicado el recurso y, como en los casos de Galicia y Madrid, habrá que esperar a la aprobación de proyectos y anteproyectos que están en tramitación". Pero en el caso de Madrid, dice, "nos han encargado que presentemos alegaciones al borrador de anteproyecto y las estamos preparando".
Además, Valencia y Aragón están preparando norma spara restringir la prestación de las farmacias a los centros sociosanitarios.
Selección de farmacias
Concretamente en Madrid, el texto del anteproyecto, como ha informado CF, prevé, como en Andalucía, que sea la Administración la que seleccione a las farmacias que presten servicios a las residencias entre las que se presenten voluntarias. Éste sería uno de los caballos de batalla de alegaciones y un posible recurso posterior.
En el caso andaluz, los recurrentes plantearon, y así fue admitido por el TSJA, que "resultaba evidente la imposibilidad de establecer condiciones adicionales a las previstas en la Ley 29/2006, de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios".
Los profesionales, algunos de ellos integrados en asociaciones de farmacias que presentan servicios a residencias señalan que las administraciones ponen obstáculos a la prestación directas desde las farmacias y, donde no está específcamente regulado suguieren a los centros que opten por la prestación desde los servicios públicos de Salud.
Los letrados de Gaona Alberto Camas y Luis López sostienen que hay que analizar cada ley autonómica y ver si se respeta el espacio que las leyes básicas otorgan a las farmacias y con qué limites, porque las normas son muy diferentes en cada región.
Estrategia
Los COF basan en la atención a residencias una de las líneas de crecimiento de la farmacia asistencial junto al seguimiento de pacientes crónicos y el fortalecimiento de la adherencia a los tratamientos.
De hecho, hace meses que negocian con el Ministerio de Sanidad, en el marco del desarrollo del espacio sociosanitario, una regulación lo más homogénea posible del papel que han de jugar las farmacias en la atención a los pacientes de estos centros. Un grupo de trabajo del Consejo de COF trabaja en esta dirección.